«El colapso del sistema de salud es inevitable si el Gobierno no cumple con el pago de las deudas», afirmó la presidenta de Acemi.

«El colapso del sistema de salud es inevitable si el Gobierno no cumple con el pago de las deudas», afirmó la presidenta de Acemi.

«El colapso del sistema de salud es inevitable si el Gobierno no cumple con el pago de las deudas», afirmó la presidenta de Acemi.

En una reciente entrevista, Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), abordó la trascendental orden de la Corte Constitucional al Ministerio de Salud de pagar las deudas pendientes con las entidades promotoras de salud (EPS).

La Corte, a través de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, que reconoció la salud como un derecho fundamental autónomo, ha instado al Ministerio a cumplir con los recursos en mora aprobados mediante el Acuerdo de Punto Final. Este acuerdo busca optimizar el gasto en salud y saldar las diferencias históricas entre los agentes del sistema para asegurar su financiamiento.

Vesga resaltó la importancia de esta orden y de otra reciente relacionada con Presupuestos Máximos, destacando que revelan una realidad largamente advertida. «Escuchamos al ministro y su equipo decir que no se debe nada y que están al día, pero la verdad es que sí hay cuentas atrasadas también del gobierno anterior», agregó.

Además, la presidenta de Acemi advirtió sobre la precaria situación financiera del sistema de salud y el posible colapso si no se toman medidas urgentes. «Si las EPS fracasan y colapsan, los que sufren somos los 50 millones de colombianos afiliados», dijo.

Vesga también hizo referencia a señalamientos de desfinanciación deliberada por parte del Gobierno y expresó preocupación por el futuro de la Nueva EPS bajo el mando de Aldo Cadena, cercano al presidente Gustavo Petro. «En un escenario donde esta EPS absorba cerca de 7 millones de usuarios de EPS intervenidas, podríamos enfrentar un colapso con 20 millones de colombianos», advirtió.

Por último, Vesga comentó sobre la propuesta del Gobierno de implementar un modelo preventivo y predictivo de salud, enfatizando la importancia de asegurar el financiamiento adecuado. «Se ha profundizado el daño al sistema. Estamos en un punto en el que recomponemos el rumbo o vamos para el hueco», concluyó.

Esta decisión de la Corte Constitucional y las palabras de Vesga ponen de relieve la urgencia de reformas y ajustes en el sistema de salud colombiano para garantizar su sostenibilidad y el bienestar de todos los ciudadanos.

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La licitación para los pasaportes vuelve a ser cancelada: El gobierno contradice al secretario.

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El canciller (e) Luis Gilberto Murillo desautorizó las decisiones tomadas por el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, respecto a la licitación de pasaportes.

Murillo señaló que Salazar no tenía competencia para revocar las decisiones del canciller Álvaro Leyva. El proceso de licitación sigue suspendido para evaluar 550 observaciones de 19 interesados y definir condiciones de competencia y transparencia.

El secretario general fue removido el 26 de febrero por sus actuaciones inconsultas y contrarias a las instrucciones del Canciller (e). Se está investigando su intento de celebrar un contrato por 599 mil millones de pesos sin respaldo presupuestal, ya que los recursos fueron reasignados desde octubre del año pasado.

Se asegura que el contrato se adjudicó sin el respaldo presupuestal necesario y que los servicios de pasaportes en Bogotá, gobernaciones y consulados continuarán sin alteraciones, ya que el Contrato No. 356 está en ejecución hasta octubre de 2024.

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